Sistema anticorrupción: cambiar para que todo siga igual.
Isidoro YESCAS
Escribe María Amparo Casar en “¿Y Ahora Qué?, México ante el 2018”: “Desde que la corrupción y la impunidad se colaron a la agenda pública, la opción más socorrida ha sido la de cambiar las leyes y los reglamentos. La tarea es indispensable y está inacabada, pero no basta. Faltan reformar al menos estas leyes claves: de presupuesto, adquisiciones, obra pública, amparo, fuero, registro público de la propiedad, notarías, protección a informantes y la de delitos electorales”.
Y viene a cuento la cita porque hoy en día es la hora que no termina de cobrar forma el Sistema Nacional Anticorrupción y ya es objeto de todo tipo de presiones políticas y regateos (presupuestales y administrativos) desde la misma Presidencia de la República, según lo denunció no hace mucho la presidenta del Comité Participación Ciudadana, Jacqueline Peschard, al diario Reforma y al New York Times.
Lo cierto es que a más de un año de que a nivel federal se promulgaron las nuevas leyes anticorrupción para dar origen al SNA, y sus homólogos en cada entidad federativa, hay poco que celebrar.
En primer lugar, porque en las entidades federativas lo que ha prevalecido tanto en su parte normativa como en la integración de los órganos de gobierno de los sistemas anticorrupción, sobre todo los Comités de Participación Ciudadana, ha sido la opacidad y una baja participación ciudadana, según lo ha documentado Fundar, una prestigiada ONG especializada en temas de transparencia y rendición de cuentas.
En segundo lugar, porque a pesar que en la integración de los Comités de Participación Ciudadana a nivel nacional el criterio que ha prevalecido es el reparto de cuotas partidistas, los gobiernos estatales y sus respectivos congresos o no han tomado sus previsiones, o de plano han optado por hacerse de la vista gorda para no autorizar las partidas presupuestales requeridas para operar estas nuevas instituciones.
Y Oaxaca no es la excepción: a pesar de que la LXIII legislatura procesó sus leyes constitucionales y secundarias en términos muy similares a la federal, colocándose así en la media nacional de calificación aprobatoria, la hora de reestructurar o renovar las instituciones cuyos titulares integrarán el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción (SECC) lo que ocurrió fue un proceso inverso, es decir, las nuevas normas solo sirvieron para operar gatopardianamente mediante negociaciones cupulares entre personeros de los poderes ejecutivo y legislativo y en donde la fracción parlamentaria del PRI siempre se llevó la mejor tajada.
Esto sucedió con la integración del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) que sustituyó a la ASE, y con la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y, en días recientes, con el Comité de Participación Ciudadana. En los tres casos quienes los presiden tienen afinidades con legisladores y funcionarios priístas, o con el primer círculo del jefe del poder ejecutivo, aparte de asegurar presencia mayoritaria en toda la estructura del Sistema Anticorrupción.
En el caso del Comité de Participación Ciudadana el proceso de selección de los comisionados tuvo demasiados altibajos e irregularidades de tal suerte que lo que en un primer momento se perfilaba como un ejercicio institucional y ciudadano de transparencia terminó, por la ingerencia de actores externos a la Comisión de Selección, en un arreglo político-partidista.
Esto se hizo tan evidente que de los nueve integrantes de ésta Comisión, el dirigente empresarial, Carlos Guzmán Gardeazabal no solamente expresó su inconformidad sino que se negó a firmar el acta que formalizó la integración del CPC, por dos razones fundamentales: primero, porque no se procuró respetar la paridad de género, como lo establece el artículo 16 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y, segundo, porque no estuvo de acuerdo con los criterios político-partidistas que se impusieron para que este órgano pretendidamente ciudadanizado se repartiera entre candidatos afines y/o cercanos a las cúpulas legislativas del PRI y Morena, fundamentalmente.
Pero el daño ya está hecho y poco o nada se podrá hacer, bajo el statu quo prevaleciente, para evitar que en Oaxaca y a nivel nacional los intereses partidistas aplaquen a los órganos autónomos, vulnerando así su eficacia y credibilidad.
Y está visto y reconfirmado que, como dice María Amparo Casar, cambiar leyes y reglamentos no basta, pero puede ser un buen principio siempre y cuando se respeten, empezando por quienes las promueven y aprueban.
Pero en Oaxaca las señales enviadas desde los poderes ejecutivo y legislativo caminan en sentido contrario.
@YescasIsidoro
Enero 22 del 2018.